El procedimiento administrativo común regulado en el Título IV de la Ley 39/2015 (arts. 53-105) se desarrolla en cuatro fases: iniciación, ordenación, instrucción y finalización, bajo el principio de impulso de oficio (art. 71). El art. 54 dispone que los procedimientos podrán iniciarse de oficio (por propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia, art. 58) o a solicitud del interesado (art. 66). Si la solicitud no reúne los requisitos, se requiere al interesado para subsanar en diez días, con advertencia de tenerle por desistido (art. 68). Conviene retener las garantías del art. 53: conocer el estado de la tramitación y el sentido del silencio, acceder al expediente y formular alegaciones en cualquier fase anterior a la audiencia.
En la ordenación, el expediente tiene formato electrónico y un índice numerado (art. 70); los trámites del interesado deben cumplimentarse en diez días (art. 73). La instrucción comprende: alegaciones (art. 76), un período de prueba no superior a treinta días ni inferior a diez (art. 77), informes que, salvo norma en contrario, son facultativos y no vinculantes y se emiten en diez días (art. 80), el trámite de audiencia por plazo no inferior a diez ni superior a quince días (art. 82) y, en su caso, la información pública por un plazo no inferior a veinte días (art. 83).
La finalización se produce por resolución, desistimiento, renuncia o caducidad (art. 84). La resolución debe ser congruente y no puede agravar la situación inicial del interesado (art. 88). En los procedimientos sancionadores, el reconocimiento de responsabilidad o el pago voluntario permiten reducciones de al menos el 20% de la sanción pecuniaria (art. 85). La tramitación simplificada debe resolverse en treinta días (art. 96).
El silencio administrativo deriva de la obligación de resolver del art. 21: el plazo máximo lo fija la norma y no puede exceder de seis meses; si no se fija, será de tres meses. En procedimientos iniciados a solicitud del interesado (art. 24), la regla general es el silencio positivo, salvo que una norma con rango de ley o de la UE disponga lo contrario. Es negativo, entre otros, en el derecho de petición, dominio o servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial, impugnación de actos y revisión de oficio a instancia del interesado. En los procedimientos de oficio (art. 25), el silencio es desestimatorio si reconocen derechos y produce caducidad en los sancionadores o de gravamen.
Los recursos administrativos (art. 112) son tres:
La revisión de oficio permite a la Administración declarar la nulidad de actos nulos de pleno derecho (art. 47.1) en cualquier momento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado (art. 106). Frente a los actos anulables declarativos de derechos, debe acudirse a la declaración de lesividad (plazo de cuatro años) e impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 107). Además, cabe revocar actos de gravamen y rectificar errores materiales en cualquier momento (art. 109).
Por último, la potestad sancionadora se rige por los principios de la Ley 40/2015 (arts. 25-31): legalidad (reserva de ley, art. 25), irretroactividad salvo norma favorable (art. 26), tipicidad con infracciones leves, graves y muy graves (art. 27), responsabilidad a título de dolo o culpa (art. 28), proporcionalidad (art. 29) y non bis in idem (art. 31). Las infracciones prescriben a los tres años (muy graves), dos años (graves) y seis meses (leves); las sanciones, a los tres años, dos años y un año, respectivamente (art. 30).
1. Según la Ley 39/2015, ¿cuáles son las fases del procedimiento administrativo común?
Las fases del procedimiento son iniciación, ordenación, instrucción y finalización; la ordenación e instrucción se desarrollan de forma simultánea bajo el principio de impulso de oficio (Ley 39/2015, Título IV, Capítulos II a V).
2. Conforme al artículo 54 de la Ley 39/2015, los procedimientos administrativos podrán iniciarse:
El artículo 54 de la Ley 39/2015 establece que los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.
3. Según el artículo 55 de la Ley 39/2015, el período de información o actuaciones previas tiene como fin:
El artículo 55 de la Ley 39/2015 permite abrir, con anterioridad al inicio, un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
4. Antes de iniciar un procedimiento, y ante una urgencia inaplazable, un órgano adopta medidas provisionalísimas. ¿En qué plazo debe efectuarse el acuerdo de iniciación que las confirme, modifique o levante?
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, las medidas provisionalísimas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción.
5. Conforme al artículo 57 de la Ley 39/2015, el acuerdo de acumulación de procedimientos:
El artículo 57 de la Ley 39/2015 dispone que el acuerdo de acumulación no será susceptible de recurso. Procede cuando los procedimientos guarden identidad sustancial o íntima conexión y sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver.
6. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, los procedimientos se inician de oficio por acuerdo del órgano competente por alguna de estas vías, EXCEPTO:
El artículo 58 de la Ley 39/2015 enumera la propia iniciativa, la orden superior, la petición razonada de otros órganos y la denuncia. La solicitud del interesado es una forma de iniciación distinta (a instancia de parte), no de oficio.
7. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 39/2015, la petición razonada es:
El artículo 61 de la Ley 39/2015 define la petición razonada como la propuesta de iniciación formulada por cualquier órgano que no tiene competencia para iniciar pero ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos.
8. Un ciudadano presenta una denuncia poniendo en conocimiento de la Administración un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio. ¿Qué efecto tiene la denuncia respecto de su condición?
El artículo 62 de la Ley 39/2015 establece que la presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
9. Según el artículo 63 de la Ley 39/2015, los procedimientos de naturaleza sancionadora:
El artículo 63 de la Ley 39/2015 dispone que los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, garantizando la separación entre la fase instructora y la sancionadora.
10. Según el artículo 66 de la Ley 39/2015, cuando las pretensiones de varias personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar:
El artículo 66 de la Ley 39/2015 permite que, cuando las pretensiones de varias personas tengan contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, puedan formularse en una única solicitud.
11. Una solicitud no reúne los requisitos exigidos. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, ¿de qué plazo dispone el interesado para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos?
El artículo 68 de la Ley 39/2015 establece que se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido.
12. Si la aportación de documentos presenta dificultades especiales, ¿hasta cuántos días podrá ampliarse prudencialmente el plazo de subsanación según el artículo 68 de la Ley 39/2015?
El artículo 68 de la Ley 39/2015 permite ampliar prudencialmente el plazo de subsanación hasta cinco días cuando la aportación de los documentos presente dificultades especiales, salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
13. Conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, la declaración responsable es:
El artículo 69 de la Ley 39/2015 define la declaración responsable como el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento.
14. Según el artículo 70 de la Ley 39/2015, el expediente administrativo es:
El artículo 70 de la Ley 39/2015 define el expediente administrativo como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Tendrá formato electrónico.
15. Conforme al artículo 70 de la Ley 39/2015, ¿qué información NO forma parte del expediente administrativo?
El artículo 70 de la Ley 39/2015 dispone que no forma parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos, juicios de valor).
16. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, el procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará:
El artículo 71 de la Ley 39/2015 establece que el procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos.
17. Un interesado debe cumplimentar un trámite tras serle notificado el acto. Salvo que la norma fije plazo distinto, según el artículo 73 de la Ley 39/2015 dispone de:
El artículo 73 de la Ley 39/2015 establece que los trámites que deban cumplimentar los interesados se realizarán en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo que la norma fije plazo distinto.
18. Según el artículo 74 de la Ley 39/2015, las cuestiones incidentales, incluso las referidas a la nulidad de actuaciones, ¿suspenden la tramitación del procedimiento?
El artículo 74 de la Ley 39/2015 dispone que las cuestiones incidentales, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación.
19. Conforme al artículo 76 de la Ley 39/2015, los interesados pueden aducir alegaciones y aportar documentos:
El artículo 76 de la Ley 39/2015 permite a los interesados, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
20. El instructor acuerda abrir un período de prueba porque la Administración no tiene por ciertos los hechos. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, su duración será:
El artículo 77 de la Ley 39/2015 establece que el instructor acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.
21. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, el instructor solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando:
El artículo 77 de la Ley 39/2015 dispone que el instructor solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
22. Conforme al artículo 80 de la Ley 39/2015, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:
El artículo 80 de la Ley 39/2015 establece que, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
23. Se solicita un informe que no es preceptivo y transcurre el plazo de diez días sin emitirse. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, ¿qué procede?
El artículo 80 de la Ley 39/2015 dispone que, de no emitirse el informe en plazo, se podrán proseguir las actuaciones, salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo para resolver.
24. Instruido el procedimiento, se pone de manifiesto el expediente a los interesados. Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, el plazo para alegar y presentar documentos será:
El artículo 82 de la Ley 39/2015 establece que, en el trámite de audiencia, los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
25. Un órgano acuerda un período de información pública. Según el artículo 83 de la Ley 39/2015, el plazo señalado para examinar el expediente no podrá ser:
El artículo 83 de la Ley 39/2015 establece que el período de información pública se anunciará en el Diario oficial correspondiente, y el plazo señalado en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.
26. Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes pone fin al procedimiento administrativo?
El artículo 84 de la Ley 39/2015 establece que ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud y la declaración de caducidad, así como la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
27. En un procedimiento sancionador con sanción únicamente pecuniaria, el presunto responsable reconoce su responsabilidad. Según el artículo 85 de la Ley 39/2015, se aplicarán reducciones de:
El artículo 85 de la Ley 39/2015 establece que, en caso de reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, se aplicarán reducciones de, al menos, el 20% sobre el importe de la sanción propuesta, acumulables entre sí.
28. Antes de dictar resolución, el órgano acuerda realizar actuaciones complementarias. Según el artículo 87 de la Ley 39/2015, ¿qué plazo se concede a los interesados para alegar tras su finalización?
El artículo 87 de la Ley 39/2015 establece que el acuerdo de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de siete días para formular alegaciones tras la finalización de las actuaciones. Estas actuaciones suspenden el plazo para resolver.
29. Conforme al artículo 88 de la Ley 39/2015, la resolución que decida las cuestiones planteadas:
El artículo 88 de la Ley 39/2015 establece que la resolución será congruente con las peticiones formuladas, sin que en ningún caso pueda agravar la situación inicial del interesado, y que en ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales.
30. Según el artículo 94 de la Ley 39/2015, todo interesado podrá renunciar a sus derechos:
El artículo 94 de la Ley 39/2015 establece que todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
31. En un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, este lo paraliza por causa que le es imputable. Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, la Administración le advertirá que, transcurrido cierto plazo, se producirá la caducidad. Ese plazo es de:
El artículo 95 de la Ley 39/2015 establece que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad y se acordará el archivo.
32. Se acuerda la tramitación simplificada de un procedimiento. Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, ¿en qué plazo deberá resolverse?
El artículo 96 de la Ley 39/2015 establece que el procedimiento simplificado deberá ser resuelto en treinta días a contar desde el siguiente al que se notifique el acuerdo de tramitación simplificada.
33. Conforme al artículo 106 de la Ley 39/2015, para declarar de oficio la nulidad de actos que hayan puesto fin a la vía administrativa, es necesario:
El artículo 106 de la Ley 39/2015 exige, para declarar de oficio la nulidad de los actos en los supuestos de nulidad de pleno derecho del art. 47.1, el previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.
34. Se inicia de oficio un procedimiento de revisión de oficio de un acto nulo. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, ¿qué ocurre si transcurren seis meses desde su inicio sin dictarse resolución?
El artículo 106 de la Ley 39/2015 establece que cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad; si se inició a solicitud de interesado, se podrá entender desestimada por silencio.
35. Una Administración quiere dejar sin efecto uno de sus actos declarativos de derechos que es anulable. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, ¿qué debe hacer?
El artículo 107 de la Ley 39/2015 dispone que las Administraciones no podrán anular por sí mismas sus actos declarativos de derechos que sean anulables, sino que deberán, previa declaración de lesividad para el interés público, impugnarlos ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.